El Pleno de Presidentes del Consejo Andaluz de Enfermería (CAE) ha decidido por unanimidad, interponer una denuncia por la vía de lo penal contra la delegada del Gobierno en Andalucía y las máximas autoridades y responsables de la Junta de Andalucía, por delito contra la seguridad en el trabajo y prevención de riesgos de los profesionales sanitarios andaluces, entre los que se ha alcanzado un 23% de contagiados por COVID-19 debido a la falta de material de seguridad, de personal, y a la descoordinación entre las administraciones públicas en la gestión de los servicios sanitarios, dejando a los trabajadores que los integran en el más absoluto desamparo. Los ochos presidentes de los colegios provinciales de Enfermería andaluces han determinado recurrir a la vía judicial ante la gravísima situación que están sufriendo las enfermeras y enfermeros de nuestra comunidad autónoma junto al resto de profesionales sanitarios, que se están jugando la vida y la de los familiares con los que conviven, así como la de los pacientes a los que atienden, obligados a prestar la asistencia sin disponer de las medidas de seguridad necesarias para protegerse: equipos de protección individual adecuados, mascarillas FFP2, batas impermeables, monos, protecciones oculares adecuadas, guantes… Una escasez de materiales de protección a la que se suma la carencia de otras medidas preventivas como son los test de detección homologados, lo que se viene advirtiendo de forma reiterada en las últimas semanas tanto por parte de la Organización Colegial de Enfermería en su conjunto como concretamente desde este Consejo Andaluz, reclamando la falta de medidas de protección. Pese a estas reiteradas reivindicaciones elevadas desde nuestra organización a las autoridades sanitarias, la situación, lejos de mejorar, continúa empeorando. Actualmente, en España hay confirmados 85.195 contagiados por el coronavirus, de los cuales 12.298 corresponden a profesionales sanitarios, un 14% del total. Este dato es totalmente inasumible para la Organización Colegial, máxime si lo comparamos con el porcentaje de sanitarios contagiados en otros países donde la crisis ha golpeado con similar virulencia (9% en Italia, 4% en China). El propio director del Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, admitía que el contagio de los profesionales sanitarios, y el hecho de que la tasa sea mayor que la de otros países afectados, puede deberse a la escasez de equipos de protección. Con toda la gravedad y alarma que los anteriores datos comportan a nivel nacional, la situación se agrava aún más en Andalucía donde si bien el total de personas contagiadas suma 5.405 casos, el número de sanitarios contagiados en Andalucía asciende a 1.252 casos – según fuentes de la Consejería de Salud –. Este dato enciende todas las alarmas en nuestra Comunidad, pues supone que en Andalucía el porcentaje de contagios entre los profesionales sanitarios alcanza un sobrecogedor 23% de los contagios confirmados, lo que pone en evidencia la situación a la que se están enfrentando nuestros profesionales en sus centros de trabajo, sin medios materiales de protección para enfrentarse a esta crisis sanitaria sin contagiarse. La constante reivindicación mantenida durante todos estos años -desatendida por los consecutivos gobiernos regionales- de la imperiosa necesidad de contar con un número suficiente y adecuado de enfermeras y enfermeros se hace ahora más patente si cabe. La situación en Andalucía siempre ha sido deficitaria, situándose la penúltima en la ratio de enfermeras por cada 100.000 habitantes (459), a la cola en comparación a la media de las regiones españolas, en algunas de las cuales incluso llega a doblarse el número de enfermeras por habitante. La falta de recursos materiales y humanos -continuamente denunciados- se traducen ahora en un índice de contagios entre los sanitarios que nos sitúan en una funesta posición a nivel nacional e internacional, la cual en ningún caso se corresponde con el coraje, dedicación, vocación y entrega que demuestran cada día nuestros profesionales, dando cada día lo mejor de sí mismos en la superación de esta crisis y la atención y cuidado de sus pacientes, si no que al contrario, deja en evidencia la falta de planificación, errores en la gestión, incompetencia e infame gestión de los responsables políticos y autoridad sanitaria encargados de gestionar la sanidad, que se acentúa en esta crisis con la incapacidad de coordinación entre las administraciones públicas autonómicas y nacionales para hacer frente al COVID-19 desde los servicios de salud. Esta inaceptable situación muestra el desamparo al que se enfrentan nuestros profesionales. El desoír de la Administración Sanitaria a la que Organización Colegial de Enfermería se ha dirigido por todos los medios y de forma reiterada mediante comunicados, manifiestos, cartas dirigidas al Consejero de Salud y demás responsables políticos, ha provocado el que los ocho Presidentes provinciales que conforman el Pleno del Consejo Andaluz de Enfermería, se hayan visto obligados a interponer esta denuncia ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, contra las máximas autoridades políticas de la Junta y contra la delegada del Gobierno en Andalucía como última instancia, ante su falta de acción y su incompetencia en la gestión, por atentar directamente contra la seguridad de nuestros profesionales sanitarios, actuaciones que consideramos constitutivas de delito. Todo ello sin menoscabo de continuar garantizando cuanto apoyo institucional sea oportuno en estas circunstancias de emergencia hacia la Junta de Andalucía y el Gobierno de la nación mientras dure este desafío de salud pública sin precedentes y la indudable profesionalidad tanto de las más de 40.000 enfermeras y enfermeros andaluces como de los 307.000 españoles. Para la organización colegial andaluza es vergonzoso que, como consecuencia de la constante improvisación de los responsables políticos nacionales y autonómicos y su penosa gestión, no se disponga de suficientes instalaciones hospitalarias apropiadas y material como respiradores, no sean capaces de adquirir material adecuado de protección y que para solventarlo haya enfermeras y enfermeros que estén supliendo esa escasez de recursos con medios de protección de elaboración doméstica que, en ocasiones, les está regalando la propia ciudadanía. En definitiva, se está produciendo un auténtico atentado contra la seguridad de los profesionales sanitarios, y además no sólo contra ellos, sino también contra todos sus pacientes y sus familiares más próximos, y por ende, contra la población. Por todo ello y ante estas inasumibles condiciones de trabajo que entendemos son constitutivas de un delito tipificado contra la seguridad en el trabajo de los profesionales sanitarios, el Consejo Andaluz de Enfermería ha interpuesto en el día de hoy, por decisión unánime de sus miembros, denuncia ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.